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Cómo funcionan las participaciones preferentes

Los riesgos para el inversor, las ventajas para el emisor

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Benefíciate de privilegios que un accionista ordinario no tendría. FOTO: © Emersont | Dreamstime.com

06/08/2009 por: rjlapetra

Qué son, para qué sirven y, sobre todo, los riesgos de invertir en participaciones preferentes que emiten y venden los bancos y cajas de ahorro.

  1. 1 Antecedentes.

    Las acciones preferentes se emiten en España, de manera legal, desde el año 2003. BBVA, Santander, Repsol o Sol Meliá ya han realizado múltiples emisiones desde entonces.
    Hasta 2003 se emitían desde sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales y tenían un alto atractivo para el inversor porque apenas pagaban impuestos.
    Las que se emiten desde España tributan como todo producto financiero al 18%, el tipo único a corto y largo plazo que rige desde 2008.

  2. 2 ¿Para qué sirven?

    Se obtiene una forma de participación dentro de una empresa por medio de acciones preferentes. Esto da ciertos privilegios que no tienen los accionistas ordinarios.
    Refuerzan los recursos propios de la entidad que las emite, contabilizan de cara al ratio Tier 1, usado actualmente como principal coeficiente de solvencia, además del core capital (dinero disponible inmediatamente por el banco o caja para afrontar imprevistos o crecimientos de la morosidad).

  3. 3 ¿Dónde cotizan?

    Su negociación que se realiza en el Mercado AIAF de renta fija, un mercado menos accesible que la bolsa para el pequeño inversor y del que tiene no tiene tantos medios para informarse sobre sus precios.

  4. 4 Ventajas y desventajas para el inversor.

    Obligación de la sociedad de acordar el reparto de dividendo si existiesen beneficios distribuibles, además los accionistas ordinarios no podrán recibir dividendos con cargo a beneficios, mientras no se haya satisfecho el dividendo preferente correspondiente a un mismo ejercicio.
    Ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco de España).
    Son los penúltimos inversores en cobrar en caso de quiebra de la entidad, sólo antes de los accionistas.

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